La rentabilización del patrimonio público en desuso ha generado desde 2019 ingresos por 121,17 millones y un ahorro de 980.000€
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la adjudicación de la parcela del antiguo recinto ferial de San Carlos, en Córdoba, por 777.774,87 euros, en la que la empresa adjudicataria proyecta construir un centro de innovación tecnológica en una parcela de 27.302 metros cuadrados, calificada en el planeamiento urbanístico de Córdoba como equipamiento comunitario, con uso educativo, deportivo o de servicios de interés público y social (SIPS).
La enajenación de esta parcela, actualmente en desuso, forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno andaluz para poner en valor el patrimonio inmobiliario de la administración autonómica en desuso, infrautilizado y en buena parte abandonado. En este sentido, desde 2019 se han celebrado ya tres subastas y se prepara en estos momentos la cuarta, que se celebrará probablemente en otoño, y la quinta. Estas subastas y otras operaciones de enajenación directa de inmuebles en desuso han permitido ingresar unos 121,17 millones de euros y han generado un ahorro estimado de 980.000 euros cada año en gastos de mantenimiento y costes tributarios.
En el caso concreto de los suelos de San Carlos, la empresa adjudicataria de los suelos proyecta levantar en ellos un polo de innovación tecnológica que contará con laboratorios y espacios de formación para impulsar el desarrollo de proyectos empresariales de base tecnológica. La inversión privada prevista es de entre 15 y 20 millones de euros y el proyecto tendrá capacidad para generar medio millar de empleos directos e indirectos, según las estimaciones de la nueva propiedad.
Hasta 2019 no existía un inventario fiable del patrimonio de la Junta de Andalucía y su situación. Muchos de esos inmuebles se encontraban vacíos, abandonados y sin uso alguno, generando costes de mantenimiento muy elevados, que se incrementaban con el paso del tiempo, con los impuestos de dichos inmuebles y por algunos impagos en que se incurrió, que generaron costes por intereses de demora.
Buena parte de ese patrimonio infrautilizado o en desuso procedía del pago de la deuda histórica por parte del Estado a Andalucía, formalizado en 2010. En 2019, ninguno de esos inmuebles se había rentabilizado, ni constaban actuaciones para su desarrollo o para el impulso de proyectos públicos o privados en ellos.
